Supongamos que un ayuntamiento quiere pavimentar una calle que el alcalde prometió en campaña. La normatividad establece que, por regla general, las obras públicas como la pavimentación de una calle deben ser licitadas (por concurso público) para asegurar el mejor precio. El sentido común dicta que, además, la obra la realice una sola constructora que se haga responsable para garantizar los estándares de calidad. Al final de cuentas, de lo que se trata es que la licitación sea asignada a la mejor propuesta y que tenga el mayor beneficio posible.