Cuando los órganos encargados de la administración de la justicia se sienten obligados a considerar la fuerza de los actores en los procesos judiciales o de las fuerzas sociales interesadas en ellos es muy difícil que haya justicia; ya no se diga cuando de plano están sometidos a ellas. Uno de los grandes propósitos de los liberales del movimiento de Reforma fue que todos los hombres fueran iguales frente a la ley; para tal intención abolieron los tribunales especiales en los que se juzgaba a los miembros de la Iglesia católica y a los militares, y aunque estos tribunales todavía existen, son exclusivamente para dirimir los conflictos de su vida interna porque los delitos del fuero común y del fuero federal corresponden a los poderes civiles no importando que pertenezcan a corporaciones eclesiásticas o militares. Hasta ahí sí se logró un gran avance; sin embargo, a pesar de los conceptos humanistas del Derecho tutelar mexicano, que propone compensar las desventajas de las clases humildes frente a las pudientes o poderosas, los vicios que se reproducen en los encargados de hacer justicia tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público y de los órganos de seguridad nulifican tan elevados ideales.