El Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA) se ha convertido en el enemigo público urbanístico número uno. El tópico va de que la mafia del ladrillo mantiene una alianza inconfesable con las togas administrativas para doblegar a las administraciones municipales y estatal, a quienes sólo les queda mirar impotentes la apropiación del espacio público por intereses privados.