Cuando el gobierno federal anunció que no apoyaría a los estados con recursos adicionales para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, los gobiernos estatales tuvieron que valerse por sí mismos. Sin embargo, al mismo tiempo se flexibilizaron ciertos criterios de aplicación de la Ley General de Disciplina Financiera, que permitió a los estados adquirir deuda de forma expedita con menos trabas burocráticas.