Lo que está en juego en la designación de un cargo público es el desempeño democrático del puesto y la garantía de los derechos que conlleva su gestión. Esto es lo que le dota de una dimensión colectiva -de utilidad para todos-, por ello no son de recibo nombramientos para satisfacer intereses privados. Esta fue una de las conclusiones del panel virtual "Designaciones Públicas ante la captura del Estado" organizado por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción.