Convertir al sector militar en un actor político y económico conlleva riesgos, especialmente para el gobierno en el poder. Su expansión en la economía y la política puede compararse con "corporaciones blindadas": operan con lógica empresarial y una agenda propia de intereses de facción, pero están protegidas del escrutinio democrático. Las recientes reformas constitucionales han transformado a las Fuerzas Armadas en actores políticos poderosos que pueden resistir la subordinación al poder civil y que controlan recursos económicos en proyectos nacionales estratégicos.