La crisis de personas desaparecidas en Jalisco muestra el persistente fracaso del modelo de seguridad, pero también que el Gobierno nacional y los locales han sido rebasados, han capitulado a su primera obligación como titulares y órganos del Estado: ejercer el control legítimo del uso de la violencia y del territorio. Peor aún, deja entrever episodios de "gobernanza criminal" (escribí sobre ello en MURAL el 22 de mayo de 2023), es decir, esquemas de complicidad entre gobiernos y criminalidad a costa de las víctimas.